La Nueva Ley de Amparo


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El 2 de abril de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, abrogándose la anterior ley que databa de 1936. Entró en vigor al día siguiente de su publicación.

La nueva Ley de Amparo prevé una reforma integral al juicio de amparo, derivada de una reforma constitucional de junio de 2011. En términos generales, las nuevas disposiciones amplían el objeto y supuestos de procedencia del juicio de amparo, facultan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a hacer declaratorias de inconstitucionalidad de leyes y normas generales, ampliando de esta manera los efectos protectores del amparo, establecen la creación de nuevos órganos para la resolución de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, afinan y detallan conceptos en materia de suspensión del acto reclamado y ejecución de sentencias, y establecen mecanismos a fin de que en un sólo juicio de amparo directo se resuelvan todas las cuestiones inherentes a la controversia de la que deriven y no a través de diversos amparos, como sucedía hasta ahora.

Los aspectos más destacados de la nueva legislación son los siguientes:

Derechos humanos. Se amplía la esfera de protección del juicio de amparo, al reconocer y adicionar como tutelados los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además de las garantías otorgadas para su protección por la Constitución 1.

Amparo contra omisiones. Ahora es posible acudir al juicio de amparo no sólo en contra de normas generales o actos de autoridad, sino también por omisiones de éstas. Lo anterior constituye un nuevo paradigma en el juicio de amparo, al poderse reclamar la falta de acción de alguna autoridad, lo que antes sólo estaba limitado al derecho de petición o a otros supuestos muy específicos 2.

Interés legítimo. Con la intención de “incrementar el acceso a la justicia” y “ampliar la cantidad de gobernados que pueden acceder a un procedimiento para defender sus derechos3, y por virtud de la reforma de los artículos 103 y 107 constitucionales, se incorpora a la Ley de Amparo la procedencia del juicio de amparo por violaciones a un interés legítimo, colectivo o difuso. Anteriormente, para promover un juicio de amparo era indispensable acreditar un interés jurídico, para lo cual se tenía que demostrar ser titular de un derecho subjetivo que fuera afectado de manera personal y directa por el acto reclamado. A partir de esta nueva Ley, se flexibiliza este requisito de parte agraviada, para establecer que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico 4. Lo anterior tiene por efecto ampliar el universo de sujetos que pueden acudir al juicio de amparo a proteger sus derechos. Sin embargo, el requisito de acreditar un interés jurídico subsiste en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

Autoridad responsable. Se establece que, con independencia de su naturaleza formal, tiene ese carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Bajo un nuevo paradigma, la Ley establece que incluso los particulares tendrán el carácter de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general 5.

Declaratoria general de inconstitucionalidad. Se establecen las reglas conforme a las cuales se otorgan facultades al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en ciertos supuestos, emita declaratorias generales de inconstitucionalidad de normas generales, con lo que los efectos y alcances de la protección del amparo se extenderán a toda la población en general, y no únicamente a quienes promovieron el amparo, como sucedía anteriormente, cambiando radicalmente el principio de relatividad de la sentencias de amparo. Cabe aclarar que las declaratorias generales de inconstitucionalidad no podrán ser emitidas por lo que respecta a la materia fiscal 6.

Suspensión. Uno de los temas más discutidos y cuestionados de esta nueva Ley, deriva del artículo 129 que se refiere a la procedencia de la suspensión en el juicio de amparo. Este artículo retoma en buena medida lo que establecía el artículo 124 de la Ley anterior, pero introduce dos nuevas fracciones conforme a las cuales no procede conceder la suspensión, por considerarse que se trata de casos en los que se ocasionaría perjuicio al interés social. La nueva fracción XI establece que no procede la suspensión cuando se trate de procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad. Por su parte, la también nueva fracción XIII se refiere a casos en los que se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes del dominio directo referido al artículo 27 de la Constitución. Éste último supuesto se refiere a las concesiones otorgadas por el Gobierno Federal.

No obstante lo anterior, la ley establece que el juzgador excepcionalmente podrá conceder la suspensión en estos supuestos, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social.

Consideramos que la introducción de estos dos supuestos es delicada y demerita los derechos de defensa de los gobernados, lo que incluso podría considerarse contrario al espíritu de la reforma constitucional.

Informe justificado. Tratándose de juicio de amparo indirecto (ante un Juez de Distrito) en los que se impugnen actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad responsable deberá completar esos aspectos del acto reclamado. En estos casos, deberá correrse traslado al quejoso con el informe, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda 7. Consideramos que esta disposición resulta sumamente desafortunada y rompe con el equilibrio procesal que debe existir entre las partes en el juicio, puesto que da la oportunidad a las autoridades administrativas de emitir actos sin fundamento y sin motivo, con la posibilidad de mejorar éstos una vez presentada la demanda en su contra.

Amparo directo. Tratándose de juicios de amparo en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que pongan fin al juicio, la reforma establece que el Tribunal Colegiado de Circuito deberá resolver respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Adicionalmente, se establece la figura del amparo adhesivo 8, mismo que podrá ser promovido por la parte que haya obtenido sentencia favorable y tenga interés de que subsista la misma cuando su contraparte haya interpuesto amparo directo en su contra. En este caso, ambos amparos se tramitarán en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. Los conceptos de violación del amparo adhesivo deberán estar encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. De esta manera, la reforma busca que en un sólo juicio de amparo directo se resuelvan todas las cuestiones inherentes a la controversia de la que deriven y no a través de diversos amparos como sucedía anteriormente.

Sobreseimiento. Se elimina éste por inactividad procesal y caducidad de la instancia, y se establece que las causas de improcedencia son de aplicación restrictiva y que requieren prueba plena, buscando que el juzgador realice un análisis profundo para determinar si se actualiza en extremo el supuesto de improcedencia que señala la ley.

Cumplimiento de sentencia. Se establece un nuevo procedimiento para el cumplimiento de ejecutorias de amparo, buscando que éste se de en una forma más ágil, estableciendo plazos concretos, supuestos de imposición de multas y para la destitución de los servidores públicos que incumplan 9.

Plenos de Circuito. Se establecen estos nuevos órganos, con la intensión de reducir la carga de trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la sustituirán en la resolución de las contradicciones de tesis que se susciten dentro del Circuito Judicial a su cargo, es decir, cuando Tribunales Colegiados de un mismo Circuito emitan criterios contradictorios, dichos Plenos de Circuito resolverán qué criterio debe prevalecer como jurisprudencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá la contradicción de tesis que pudiera surgir entre los tribunales plenos de distintos circuitos, de plenos de circuito en materia especializada de un mismo circuito o de los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización.

Jurisprudencia. Además de la reiteración y la contradicción, se crea la integración de jurisprudencia por sustitución, en la que se faculta a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a solicitar a sus superiores el cambio de criterio de jurisprudencias concretas. La jurisprudencia que no sea emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo será obligatoria para los órganos judiciales del circuito dónde ejerza jurisdicción el Pleno o Tribunal Colegiado de Circuito respectivo.

Por último, se prevé que ciertos juicios podrán resolverse de manera prioritaria atendiendo al interés social o al orden público, a solicitud de las Cámaras del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal 10.


(1) Artículo 1.

(2) Idem.

(3) Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(4) Artículo 5, fracción I.

(5) Artículo 5, fracción II.

(6) Artículos 231 a 235.

(7) Artículo 117, último párrafo.

(8) Artículo 182.

(9) Artículos 192 a 214.

(10) Artículo 4.


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